El ejecutivo mantiene que la implementación del proxy-caché por parte de Telefónica forma parte del servicio que ofrece la operadora, y no constituye una alteración de este.

Estas declaraciones fueron realizadas en respuesta a una pregunta del diputado José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista) sobre las previsiones del Gobierno "de ejercer alguna acción en defensa del libre acceso de los usuarios a Internet".

El Gobierno afirmó que la implantación de los sistemas proxy-caché por parte de los Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) "no puede ser objeto de regulación", según la normativa vigente en materia de telecomunicaciones y que los usuarios disponen de un "doble nivel de garantía" en cuanto a las condiciones de prestación de servicios ADSL, fijado por ley.

Para justificar este planteamiento, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha declarado que la implantación de los sistemas proxy-caché "no constituye una alteración de la naturaleza o características de los servicios ofrecidos sino que se integra en la definición de los medios empleados para proveer dichos servicios".

El proxy-caché instalado por Telefónica consiste en un sistema que guarda automáticamente las páginas que visitan los usuarios, de forma que cuando estos vuelven a solicitar la misma página, en lugar de ir a buscarla al servidor que la contiene, el sistema devuelve la copia almacenada en el proxy-caché. La teoría es que esto ahorra tiempo a los internautas, al ser más rápida la respuesta desde el servidor de Telefónica que la que se obtendría desde el servidor donde la página se encuentra alojada.

No obstante y desde su entrada en servicio el pasado 10 de enero (según los datos que disponemos en iMàtica), el proxy-caché de Telefónica no ha dejado de suscitar las quejas de los usuarios, que no han dudado en acudir a las asociaciones de internautas y organizar sus propias acciones de protesta.

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El Gobierno afirma que el 'proxy-caché' no puede ser regulado