Ante la decisión judicial de no obligar al cierre de Grokster y Morpheus, la RIAA ha tomado la iniciativa de enviar mensajes directamente a los usuarios para persuadirles de no compartir contenidos protegidos por derechos de copyright.

Y para ello la RIAA amenaza con las consecuencias legales derivadas de este acto, además de avisar a los internautas de que su identificación es relativamente fácil. Estos mensajes se hacen llegar a los usuarios de Grokster y KaZaA gracias a los servicios de chat que llevan aparejados los programas que permiten la conexión a estas redes. Se estima que solo durante el primer día de campaña, la RIAA hizo llegar su mensaje a unos 200.000 internautas, cantidad que llegará a un millón semanal según cifras de la propia RIAA.

La asociación de la industria discográfica norteamericana ha aclarado que, aunque se amenace con consecuencias legales derivadas del pirateo de música, esta campaña tiene más un objetivo de educar a los usuarios que de llevarlos ante los tribunales.

Concretamente, el texto -traducido- del mensaje es el siguiente:

"Distribuir o descargar música protegida por copyright a través de Internet sin permiso del poseedor de dicho copyright es ILEGAL... cuando usted ofrece música en estos sistemas, deja el anonimato y puede ser fácilmente identificado"

Esta campaña es consecuencia directa de la decisión judicial emitida hace escasamente un par de semanas en Los Angeles (California, Estados Unidos) en la que se resolvía que los sistemas de intercambio de archivos on-line son legales, pese a que las actividades que los usuarios individuales realizan a través de estos pueden no serlo. El juez encargado de dictar sentencia comparó a los servicios de intercambio con las compañías que fabrican y venden aparatos de vídeo domésticos, ya que con ellos pueden grabarse películas protegidas con copyright y posteriormente infringir la ley. Dicha resolución terminaba así con una demanda legal (otra de las muchas) puesta por la RIAA contra los servicios Grokster y Streamcast.

Las consecuencias de esta resolución pueden ser importantes (aunque a juicio de quien firma estas líneas, aún es difícil para el usuario de a pié poder calibrar su repercusión en futuros casos), ya que por un lado permite legalizar la situación de unos servicios y sistemas que hasta ahora siempre se veían amenazados con acciones legales en su contra, y por otra obliga a la RIAA a centrar su punto de mira en los usuarios.