Muchos de los usuarios que han estado descargando ficheros desde Internet durante estos últimos seis meses podrían verse afectados.
Un total de 32 compañías de software han presentado una denuncia colectiva contra 95.000 usuarios de los llamados servicios de intercambio de archivos P2P (peer to peer, que traducido al Español vendría a ser "de igual a igual") por descargar de forma ilegal programas informáticos protegidos por derechos de copyright, siendo la primera de este tipo que se presenta en España.
Según se explica desde el despacho de abogados Landwell-PwC (PricewaterhouseCoopers), que ha sido encargado de la operación, la investigación empezó hace seis meses, prolongándose durante este periodo de tiempo para poder identificar el origen y destino de los ficheros intercambiados a través de Internet. Se ha estimado que los usuarios españoles de servicios P2P ofrecen un total de 400 millones de ficheros, de los cuales se han seleccionado 4.713 obras protegidas por derechos de copyright y que han sido masivamente distribuidas por la Red.
Por el momento el bufete no ha revelado el nombre de las compañías demandantes, ya que estas temen poder ser objeto de un boicot por parte de ciertos sectores de internautas, pero como la denuncia está abierta a que se unan otras empresas del sector y es previsible que otras se suban al carro, Landwell-PwC ha comentado que en los próximos meses (cuando se llegue a 200 empresas en el bloque demandante), esta lista se hará pública.
Según palabras de Javier Ribas, uno de los socios de Landwell-PwC, la denuncia "irá dirigida a los jefes supremos que son los que más privilegios tienen*, a los que más descargan y a los que más ficheros ofrecen al resto de los usuarios".
A los imputados en esta demanda se les exigirá una indemnización económica que consistirá en abonar el precio de mercado del programa multiplicado por el número de veces que este haya sido descargado. Además, también podrán pedirse penas de prisión para algunos de los imputados. En el caso de los trabajadores de empresas que sean inculpados, la compañía para la que trabajen deberá hacerse cargo de las indemnizaciones. El objetivo último de esta denuncia es conscienciar sobre los daños que el intercambio de archivos provoca en la industria y las responsabilidades que deben afrontar aquellos que descargan contenidos sin autorización desde Internet.
Como parte de esta demanda, las 32 compañías de software han solicitado autorización judicial para utilizar un programa que permita identificar a los usuarios de servicios P2P en el futuro, emulando los protocolos de las aplicaciones más populares en este campo.
Llueven las críticas
Casi ni debería ser necesario mencionar que esta acción ha recibido un aluvión de críticas y no solamente en la Internet Española, pues sobretodo los hispanoamericanos, aunque en general los medios de comunicación especializados de todo el mundo, han dado cobertura al asunto, ya que es la primera iniciativa de este tipo que se materializa.
Especialmente duras han sido las críticas contra el método empleado para recopilar la información que conforma la base de la denuncia, pues de él mayoritariamente se ha dicho que vulnera el derecho a la intimidad (contemplado en la Constitución Española) por registrar datos de computadoras de los domicilios particulares de los usuarios.
Estos últimos meses han visto un cambio radical en la actitud de la industria discográfica, ahora seguida por la del software y seguramente pronto por los grandes estudios cinematográficos, cambiando el objetivo principal de sus acciones legales de los sistemas en sí a los usuarios de estos. Este viraje ha sido consecuencia de una serie de derrotas de estas industrias frente a los servicios de intercambio en los tribunales, cosa que ha imposibilitado su erradicación legal. La consecuencia lógica ha sido pasar a asustar a los usuarios para disuadirles de que sus actividades están constantemente monitorizadas y de que pueden ser identificados para llevarlos a juicio.
Según informaba la semana pasada la consultora Nielsen/Netratings, esta estrategia puede haber dado sus primeros frutos, ya que desde junio el uso de servicios de intercambio ha caído un 15%.
*Nota de la redacción: como "jefes supremos" interpretamos a aquellos internautas que gestionan un servidor P2P, aunque al no haber tenido tiempo para hablar directamente con Javier Ribas, no podemos asegurar que este sea el significado de una expresión que al autor de este artículo le ha parecido un poco confusa.
Más información:
Landwell-PwC España
95.000 usuarios españoles de programas P2P serán hoy demandados
España es un Estado de Derecho y las actividades tipo Gestapo no caben