Las reacciones en todos los sentidos sobre esta denuncia no cesan de manifestarse en Internet y esta semana en iMàtica nos hacemos eco de todas ellas.
El bufete de abogados Landwell-PwC (PricewaterhouseCoopers) ha informado que ya son 38 las empresas adheridas a la denuncia colectiva, 6 más de las 32 que iniciaron este proceso. De esta forma, se cumplen las expectativas de dicho bufete sobre que algunas compañías se sumarían al grupo una vez presentada la demanda.
Por el momento la denuncia solamente se ha presentado ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, esperando a que más empresas se sumen a la iniciativa antes de tramitarla judicialmente.
Landwell-PwC, indignada con la actitud de algunos
El bufete de abogados representante del conjunto de empresas denunciantes y, especialmente su socio Javier Ribas, se han manifestado molestos con la actitud que algunas organizaciones e internautas han tomado contra su compañía. Es por eso que están levantando acta notarial de ciertos acontecimientos que están sucediendo en la Internet española.
Ribas se quejaba recientemente de que su bufete está recibiendo amenazas directas y ataques cibernéticos contra su website. Este es, precisamente, el motivo que ha llevado a Landwell a mantener en el anonimato las empresas implicadas en la denuncia.
Especialmente duras han sido las críticas cruzadas entre Landwell y la Asociación de Internautas (AI) a raíz de un artículo publicado en la página web de dicha asociación y titulado "España es un Estado de Derecho y las actividades tipo Gestapo no caben" en el que se tildaba al bufete de abogados de "aprendices de nazis" y se comparaba la denuncia presentada con las actividades de la Gestapo (la policía política del Reich alemán al servicio de los intereses del partido nazi).
El bufete se defiende
Uno de los aspectos más criticados de la denuncia, la obtención de las pruebas mediante la monitorización de las actividades de los usuarios de servicios P2P, ha sido también matizado desde Landwell-PwC, afirmando que no se ha tratado de un espionaje, ya que solamente se han conectado como un usuario anónimo en estos servicios para ver lo que intercambiaban estos usuarios, y que la información que disponen es, solamente, el nick (alias) de los usuarios, y alguna información más (imaginamos que la dirección IP). No obstante, esta información sugiere inmediatamente una pregunta: entonces ¿con que información basarán su demanda?
Críticas que no cesan
En diversos foros de Internet se lleva criticando esta acción desde que se dio a conocer. Se ha hecho especial hincapié en la forma de obtener los datos de los usuarios, que para la mayor parte de los críticos constituye una vulneración del derecho a la intimidad, reconocido en la Constitución.
Más información:
España es un estado de derecho y las actividades tipo Gestapo no caben
