La plataforma ciudadana exige que los impuestos recaudados en concepto del Canon Digital impuesto por la Ley de Propiedad Intelectual sean gestionados por un organismo público y no por una entidad privada.
La asociación Todoscontraelcanon.es, que agrupa en su seno a entidades cómo AUI (Asociación de Usuarios de Internet), AI (Asociación de Internautas) o APEMIT (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías) presentó hace unos días una denuncia contra la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por unas informaciones aparecidas recientemente en la prensa española en las que se desvelaba cómo se repartían los dividendos aportados por el famoso y denostado canon, de forma irregular según los denunciantes.
Según el texto de la denuncia, el reparto de los fondos procedentes del cobro del canon se reparten en gran medida entre empresas filiales de la SGAE, creadas por directivos de la propia organización, cuando la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) señala claramente que éste importe debe ser repartido entre sus asociados. Todoscontraelcanon.es afirma que las prácticas llevadas a cabo en el reparto por los directivos de la SGAE pueden ser tipificadas cómo apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones.
La LPI afirma además que la actividad de las entidades gestoras de los derechos de propiedad intelectual no puede ni debe dirigirse nunca hacia el lucro particular, algo que se estaría llevando a cabo con esta forma de trabajar.
Según afirma AUI, las cifras denunciadas por algunos medios periodísticos en los casos más flagrantes rondarían un 90% de volúmenes de facturación de 10 millones de Euros en el caso de algunas de las filiales de SGAE durante los años fiscales de 2004 y 2005, cantidades financiadas directamente gracias al canon.
El Ministerio de Cultura es también objeto de críticas por Todoscontraelcanon.es por permitir éste tipo de actividad al ser el máximo responsable en la vigilancia del cumplimiento de la ley por parte de la SGAE.
