El gobierno francés firmó un acuerdo con las compañías detentoras de derechos de material audiovisual y los proveedores de Internet que podría llegar a dejar sin línea ADSL a quienes realicen descargas ilegales.
Una advertencia, y en caso de reincidencia... línea cortada. Es el mensaje que parece dejar claro el acuerdo al que se ha llegado en el Palacio del Elíseo entre el ejecutivo galo, las empresas que poseen derechos de copyright y de propiedad intelectual sobre el material audiovisual (discográficas, productoras cinematográficas,...) y los proveedores de Internet del país.
La nueva ley, que ya ha sido criticada por sectores de defensa de los derechos del consumidor y de las libertades individuales, prevé el envío de mensajes de advertencia a aquellos internautas que descarguen contenidos de forma ilegal a través de servicios P2P por parte de los proveedores de servicio, instándoles a que dejen de realizar éste tipo de descargas. Si se ignoran los mensajes y se continúa con la actividad, se procederá judicialmente para cortar durante cierto tiempo la conexión a Internet del infractor, un periodo que puede llegar a ser indefinido dependiendo de la cantidad y la reiteración de las descargas.
Los mensajes llegarán en primer lugar por correo electrónico, con una primera y segunda advertencia. La tercera se producirá por correo ordinario y será la última que precederá al corte de la línea. A partir de aquí, también se incluirá a la persona en una "lista negra" de internautas, gestionada por los órganos policiales galos.
Una de cal y otra de arena
Por otra parte, la nueva ley antipiratería francesa incluye un "regalo envenenado" en forma de contrapartida por parte de las productoras: estas deberán poner su material a disposición de sus clientes en Internet de una forma más rápida y eliminar las barreras que impiden su ejecución en determinadas plataformas hardware, cómo por ejemplo la reproducción de un DVD en un ordenador.
Habrá que ver si las productoras siguen éste último punto del acuerdo o bien si se "escaquean" de sus obligaciones, teniendo en cuenta los millones invertidos en sistemas DRM de protección digital y el miedo atávico a dejar los contenidos de forma que puedan ser fácilmente copiados.
