El problema, lógicamente, no es que se tomen medidas para
situaciones preocupantes como la que plantea el terrorismo islámico.
Todos queremos luchar contra el terrorismo y vencerlo. El conflicto
surge cuando para hacer frente a los retos que nos plantea el
terrorismo establecemos límites a nuestros derechos sin la certeza de
que nos vayan a perjudicar en un futuro hipotético. Recordemos, por
ejemplo, aquellos registros de llamadas que empleados de Telefónica hicieron públicos
en medio del escándalo de los desertores de la Asamblea de Madrid
(Tamayo y Sáez). Nuestra privacidad y nuestra libertad valen un precio
muy alto. No estoy seguro de que los beneficios de estas medidas
compensen el hipotético daño que pueden sufrir nuestras
libertades individuales.
Porque, seamos francos, los terroristas son capaces de saltarse
cualquier de estos controles y volver locos a los servicios de
inteligencia. No es tan difícil. En la era de la sobreinformación y la
tecnología es relativamente sencillo pasar desapercibido. Además, los
ingentes medios que harían falta para procesar todo ese volumen de
información convierten el esfuerzo –titánico- en una representación
absurda. La única conclusión que podemos extraer de este anuncio es que
el objetivo es meramente dar lustre a la imagen de los servicios de
inteligencia, crear una falsa apariencia de seguridad para que los
ciudadanos piensen que podemos salir un poco más tranquilos a la calle.
Pero no merece la pena. Así no conseguiremos frenar a los
terroristas. De entre los cientos de medidas que podemos tomar para
luchar contra el terrorismo esta es una de las más infructuosas y
equivocadas. Y lo único que se resiente son nuestros derechos
individuales. El ciudadano de a pie va a pagar con parte de su
privacidad el asesinato indiscriminado de inocentes que tanto condena.
Con prácticamente nula utilidad práctica.
Salvo que, eso sí, esos datos acaben utilizándose con
otra finalidad. Porque entonces sí que tendremos un problema. Y
grave.
