... para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida.”
Los ecos de esta Declaración de Principios, rubricada por mandatarios de 120 países en Ginebra en diciembre de 2003, resuenan hoy con estruendo para despedir el modelo económico y social radicado en la propiedad de los medios de producción industrial, mientras nos adentramos sin retorno en la nueva Era de la Propiedad Intelectual.
Toda vez que el átomo quiere convertirse en bit, las sociedades de autores advierten que la piratería puede destruir la diversidad cultural, arremeten contra las operadoras de telecomunicaciones por fomentar las descargas individuales y colectivas de la Red, y urgen a los gobiernos a no abandonar la cultura (los productos culturales basados en los derechos de autor) a la deriva de las "leyes salvajes del mercado libre”.
Para éstas, la Sociedad General de Autores de España (SGAE) resulta un diligente ejemplo a seguir, un poderoso lobby capaz de articular nuevas medidas legislativas para extender los cánones por copia privada, perseguir el intercambio entre pares (P2P) en la Red, limitar los derechos de los consumidores, etc. “en aras de defender el presente y el futuro de la industria cultural,” afirma Pedro Farré, director de relaciones corporativas de SGAE.
En este contexto, el gobierno ha anunciado recientemente el Plan Integral contra la Piratería, que implica a 11 ministerios, y recoge la concienciación de la ciudadanía, el compromiso de “todos los sectores”, y la creación de unidades policiales y órganos judiciales especializados, previa elaboración de un “mapa que visualice las dimensiones del problema”, esto es, la aportación del mundo de la creación al PIB nacional, y "el montante de lo que la Hacienda Pública, es decir todos, estamos dejando de ingresar por mor del fraude a los derechos de propiedad intelectual," en palabras de la ministra de Cultura, Carmen Calvo.
Mientras, el colectivo internauta alerta del riesgo de criminalizar actividades “intrínsecas de la Red”, en una decidida batalla por contar con el beneplácito de la opinión pública, “al identificar mediáticamente el intercambio de archivos entre particulares sin ánimo de lucro con las mafias que sustentan el top manta”, apunta Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI).
Los problemas de fondo son muy complejos, según esta Asociación, que ha aunado esfuerzos con otros colectivos de ciudadanos, profesionales, patronales y sindicatos, para fijar, por primera vez en España, una posición unitaria. Basándose en el respeto escrupuloso por los derechos de autor, y su gestión directa a través de tecnologías digitales y sistemas de protección contra copias, como los TPMs y DRMs (Technological Protection Measures y Digital Rights Management), estos colectivos muestran su rechazo a la idea de imponer nuevos cánones a soportes, equipos, redes ó accesos a Internet, como el ADSL o el cable, como extensión al impuesto vigente sobre CDs y DVDs vírgenes, puesto que “se grava y penaliza de forma indiscriminada a todos los usuarios, no erradica la piratería, y además fomenta el fraude y la deslocalización de servicios a otros mercados,” resume Pérez Subías.
Esta unión de intereses se forja también en la oposición a que fabricantes de soportes, equipos ó gestores de redes de telecomunicaciones sean co-responsables de los contenidos que circulan por ellas. “A nadie se le ocurriría hoy responsabilizar a empresas de transporte, o a constructoras de autovías y vías de ferrocarril, de los contenidos que mueven sus clientes ó usuarios,” apunta Martín Pérez, de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC). “Pese a las presiones que recibimos, como industria no podemos ejercer de jueces y policías.”
En la lucha contra el terrorismo, el cibercrimen o la pedofilia, en juego están, a un tiempo, el derecho de los ciudadanos al secreto de las comunicaciones, y la protección de la privacidad. Actualmente, la mayor parte de los contenidos que circulan por la Red bien no tienen derechos, o son datos (voz, correo electrónico, navegación) de naturaleza privada.
“Existen soluciones tecnológicas de persecución del delito que se han demostrado eficaces, y entendemos que la responsabilidad debe recaer únicamente en aquel que introduce los contenidos en los soportes ó en las redes,” opina Martín Pérez.
Reformas de fondo
Pero este ‘cierre de filas’ de la industria de las TIC ante el anuncio del Ministerio de Cultura tiene como denominador común la premisa de que Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los tradicionales, “y la Administración no debe proteger un canal frente a otro. Un nuevo canon legitimaría la actividad ilegal con productos culturales, e impondría una múltiple imposición, ya que se pagaría por comprar contenido, y luego por almacenarlo en un dispositivo o moverlos a través de una red de telecomunicaciones,” concluye Santiago Ureta, de la Asociación de Música en Internet.
El Plan Integral contra la Piratería del gobierno de Zapatero conlleva además el impulso de una nueva Ley de Propiedad Intelectual, prevista para finales de este año. La reforma del artículo 32 recortará el derecho a cita con fines comerciales, sobre el cual todo el sector del “press clipping” elabora resúmenes de prensa a la carta. Esta actividad “podrá ser demandada en los tribunales,” anuncia Eduardo Bendala, presidente de Gedeprensa, la sociedad creada en 2002 por Recoletos, Prisa, Vocento, Grupo Godó y Unedisa para gestionar sus derechos de autor, y que fue bloqueada en 2003 por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Fuentes de la Administración admiten que actualmente existen tensiones entre el ministerio de Cultura y el de Industria sobre estas reformas, que cuentan con todo el apoyo de la industria discográfica y las entidades de gestión de derechos de autor, pero ‘atrincheran’ a las asociaciones de consumidores y a las empresas de tecnología, a la vez que plantean nuevos retos al desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
Para los creadores, representados por la SGAE, no hay dudas. Es dueño quien ha escrito una obra, y debe cobrar por ello. “Las sociedades de gestión nacieron hace 150 años, cuando un grupo de autores pegó un puñetazo en la mesa de un café de París para proteger sus derechos. Hoy esa defensa es aún más necesaria que entonces,” resume Pedro Farré.
Para los consumidores, sin embargo, la copia de unas canciones en un CD no sólo está recogida hoy en el derecho de copia privada, y compensada con el canon actual, sino que la descarga de una película de la Red supone de facto una nueva forma de promoción del producto, y al tratarse de un ‘clon’ del contenido original, el propietario de ese bien no es en ningún caso desposeído.
El debate, en cualquier caso, no ha hecho más que empezar, sin que hoy en España apenas se vislumbren soluciones sostenibles, acordes al signo de los tiempos, para contribuir eficazmente a los objetivos del Plan de Convergencia, que debe equiparar los índices de productividad y penetración de Internet en España con los países de referencia.
